Los 24 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ayudaron a estabilizar la economía mexicana y contribuyeron a mantener una tasa de crecimiento baja, pero constante; sin embargo, también fueron decisivos para precarizar el trabajo, aumentar la concentración de la riqueza y ensanchar las desigualdades.

Ahora bien, en la renegociación del mismo, de acuerdo con la información que hasta hoy está disponible en los medios de comunicación masiva, se incorporó un capítulo dedicado a las cuestiones laborales, además de la disposición, en el capítulo de la industria automotriz, de que el 40% de las autopartes de contenido regional de los vehículos tendrán que producirse en zonas con salarios de al menos 16 dólares la hora.

Estas dos nuevas reglas, en las que insistió Canadá y que ahora que se ha reincorporado a las pláticas ha ponderado muy positivamente, pueden ser un catalizador para impulsar la revalorización del trabajador mexicano, pese a las resistencias del empresariado del país.

En los 24 años de vigencia del TLCAN la economía mexicana ha crecido a un promedio anual de 2.2%, el cual es muy bajo pero constante. Sin embargo, lo más crítico es que ese crecimiento se ha basado en 90% de incremento del número de empleos, es decir, simplemente porque ha crecido la disponibilidad de mano de obra, aunque a la par ha disminuido el ingreso medio que reciben los trabajadores. México ha crecido gracias a la mano de obra barata y eso ha hecho que los dividendos del raquítico crecimiento económico los concentren los inversionistas a costa de la empobrecimiento del trabajador.

En el último trimestre del año pasado, 41% de la población mexicana recibía un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria; en los últimos 12 años (de 2005 a 2017), la mitad de la vigencia del TLCAN, el ingreso laboral per cápita perdió 29% de su valor. Hay más empleos, pero muy mal pagados: el salario mínimo actual es de 2 mil 686 pesos mensuales y la línea de bienestar se ubica en 2 mil 985.48 pesos, por lo cual el salario mínimo vigente no basta para alcanzarla. En los primeros cinco años del gobierno que está a punto de concluir, el número de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos se incrementó en más de 3 millones.

La posibilidad de producir autopartes en regiones de México donde el obrero de la industria automotriz reciba un salario de más de 16 dólares por hora es prácticamente una utopía, pues al actual tipo de cambio implicaría aproximadamente un ingreso mensual de 73 mil pesos, que representa más de 27 veces el salario mínimo vigente.

Dicho requisito, aunado al incremento de 62.5 a 75% de los componentes de los vehículos de contenido regional, impactará en el volumen de las exportaciones de automotores mexicanos y hará disminuir sustancialmente el déficit comercial entre México y Estados Unidos, tal como buscaba el presidente Donald Trump; pero también obligará a las empresas automotrices instaladas en territorio nacional a replantearse su modelo de negocio; ya no podrán seguir impulsando la lógica de la cuasi maquila, en la que se importaba un muy alto porcentaje de autopartes y aquí únicamente se ensamblaba, aprovechando el bajo costo de la mano de obra mexicana.

Los grandes corporativos trasnacionales se aprovechaban también de la legislación laboral mexicana para sujetar su relación obrero-patronal a los llamados contratos de protección. El crecimiento de la industria automotriz mexicana estaba apoyado en los bajos salarios y los contratos colectivos simulados, permitiendo a las grandes automotrices obtener pingües ganancias a costa del sacrificio del trabajador mexicano.

Incluso el 7 de diciembre del año pasado un par de senadores priistas, con el respaldo del gobierno de Enrique Peña Nieto, presentaron una iniciativa de ley que pretendía revertir los avances logrados con la reforma al artículo 123 constitucional (Proceso 2153 y 2154) de febrero del mismo año. La denuncia oportuna de sus intenciones y el momento político electoral que se vivía permitieron frenar dicho intento.

Debido a la incorporación del capítulo laboral en el TLCAN, se obliga a México a cumplir los compromisos firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad de asociación sindical y justicia laboral, con lo cual ya no hay más alternativa que adaptar la legislación laboral a los principios establecidos en los convenios con la OIT y en el artículo 123 constitucional. Así, las nuevas disposiciones incorporadas en la renegociación del TLCAN propiciarán un avance en el mismo sentido que ha manifestado el próximo gobierno de contribuir a la revalorización del trabajador mexicano.

Por lo que el ahora nuevo clausulado del TLCAN impulsará también la materialización de los avances legislativos en las condiciones laborales reales de los trabajadores mexicanos –particularmente en casos como la industria automotriz–, salvo que las empresas establecidas en territorio mexicano se resignen a pagar un arancel por no cumplir con los nuevos requerimientos de componentes regionales.

Según la información publicada el pasado jueves 30 en el periódico Reforma, “de los 56 modelos de vehículos ligeros y sus versiones que se ensamblan en el país para el mercado de exportación, 32 no cumplen la nueva regla de contenido regional que convinieron México y Estados Unidos”. Y esto es considerando únicamente 75% del contenido regional, sin incorporar la regla de que un 40 a 45% del mismo corresponda a zonas con salarios de al menos 16 dólares la hora.

Por lo tanto en el ramo automotriz, las nuevas reglas obligan a transitar de la cuasi maquila a la manufactura, lo cual sin duda contribuirá a pagar mejores salarios, aunque no se llegue a los mínimos establecidos en dicho apartado.

De este modo, aunque a Trump únicamente le interesaba disminuir su déficit comercial con México y a Peña Nieto salvar el acuerdo, uno de los efectos no buscados en la renegociación del TLCAN (al menos por los gobiernos en ejercicio) puede ser la revalorización del trabajador mexicano, que ciertamente requiere de un plazo prudente y la implementación de otras políticas públicas para materializarse.

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