Miercoles 20 de Septiembre del 2017

Publicado por Redacción el Mié 19 Oct del 2016

El arte de la guerra
Por Eric Juárez Valladares

Aunque en diversas ocasiones el actual alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, ha rechazado categóricamente que no se privatizará el suministro municipal de agua potable, la realidad es que sí existe un riesgo latente y que va más allá de sus posibilidades de evitar. Hay dos vías mediante las cuales el gobierno federal y los gobiernos estatales promueven soterradamente la privatización del agua. Una es la adecuación de las legislaciones que abren la puerta a las grandes empresas que bajo diversas modalidades consideran el agua como una mercancía que se ofrece como servicio y que solamente lo puede obtener quien lo pueda pagar. El Artículo 27 Constitucional permite la explotación, uso o aprovechamiento mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal. Con la entrada de la Ley de Aguas Nacionales en 1992 y las modificaciones 2004, se estableció el marco normativo general. La Ley de Aguas Nacionales establece que hay dos formas para acceder al manejo del agua: la concesión y la asignación. La concesión es para personas físicas y morales, y asignación para entidades de la administración pública federal, estatal o municipal descentralizadas. En concordancia con la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el párrafo III del Artículo 2° abre las puertas para “prestar o concesionar, total o parcialmente, el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.”

La otra vía, la de la municipalización, que si bien en primera instancia parecería una medida positiva porque deja al municipio el control del agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento, en muchos casos ha sido el preámbulo para el despojo al manejo comunal del agua en distintas localidades del país. Con las reforma de 1983 al Artículo 115 Constitucional y la descentralización de los sistemas de agua potable los municipios requirieron de mayor presupuesto y una planeación a largo plazo. En esta reforma los servicios de agua potable pasaron a ser responsabilidad fundamental de los municipios aunque no se les estipularon ni el financiamiento ni los recursos necesarios para afrontar su nueva responsabilidad, quedando a expensas de la buena o mala administración del gobierno en turno. Por otra parte, para las grandes empresas resulta más fácil presionar hacia la privatización a las administraciones municipales endeudadas y con grandes carencias de infraestructura. En otros casos se ha puesto en entredicho la necesidad privatizadora como recién acaba de ocurrir con el SAS en el Puerto de Veracruz-Medellín autorizada por el Congreso estatal, quedándose el municipio con un 20% del manejo. En este caso la quiebra del SAS tuvo como trasfondo un desaseado manejo financiero.
Hasta el momento, en Xalapa no se ha planteado oficialmente la privatización del agua potable, seguramente por razones políticas.

Pero las carencias de la administración del agua potable y saneamiento (CMAS) se ha resuelto con progresivos aumentos e impuestos al servicio de drenaje y de saneamiento. Ya desde 2009 se cuestionó el que el gobierno municipal pretendiera cargar al contribuyente el costo del préstamos de 486 millones de pesos de un préstamo de Banobras que recibió el ex alcalde Reynaldo Escobar Pérez para el Programa Integral de Saneamiento que no tuvo resultados. Y resulta evidente que la administración del agua potable dista mucho de encontrarse en situación óptima. Podemos señalar que el abasto es desigual y cada vez más marcado por el desvío del líquido hacia nuevas áreas residenciales al sur de la ciudad. Hay un gran desperdicio por fugas y tomas clandestinas que ronda hasta un 45%. Hay una gran demanda de tomas de agua que no ha sido satisfecha. La calidad del agua suministrada no es óptima en algunos sectores. La red de alcantarillado no tiene un mantenimiento eficiente y hay una preocupante contaminación de los mantos acuíferos

Las presiones privatizadoras se nos muestran en lo local por la presencia de empresas como Obedrecht o Aguas de Barcelona. Pero en última instancia vienen de esferas como el Banco Mundial, Morgan Stanley y Banamex-Citygroup que insistentemente “sugieren” a los gobiernos que los sistemas de saneamiento y suministro deben “liberarse a la oferta y la demanda” y han presionado para la modificación del marco normativo que facilite la inversión (concesión), como ha sido patente con la llamada “Ley Korenfeld” que favorece los intereses privatizadores. Un gobierno municipal debilitado por las deudas, carencias técnicas, corrupción e ineficacia, será débil ante el embate de estas presiones. Para complicar el escenario, recientemente se ha hecho un recorte de 9 mil millones de pesos al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua), que servirá para debilitar aún más el financiamiento a los servicios de agua potable.

En 2003 México firmó el Pacto y la Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que establece el derecho de todas las personas a contar con agua suficiente, de calidad y accesible, con un manejo sostenible para las futuras generaciones. El 8 de febrero de 2012 en México se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua. Ante el panorama descrito, el reto para el futuro gobierno municipal de Xalapa consiste en garantizar un abasto más equitativo, suficiente y de calidad a la población, manteniendo el control total del servicio de abastecimiento y saneamiento.

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